Acceso a la información pública se beneficia con la Ley General de Archivos
Zulema Martínez Sánchez y José Guadalupe Luna Hernández, integrantes del Pleno del Infoem, participaron en la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia de Archivos, en Oaxaca
En términos de transparencia y acceso a la información pública, los archivos son un elemento fundamental para estructurar mejor la gestión gubernamental y atender las obligaciones de la materia con mayor certeza, eficiencia y rapidez, lo que permite recuperar la confianza de la ciudadanía, argumentó Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia de Archivos, celebrada en Oaxaca, la también Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) aseguró que la Ley General de Archivos tiene el objetivo de implementar mejores condiciones para los acervos documentales y crear una nueva cultura archivística que debe permear en las instituciones de todos los niveles, ya que los archivos representan la memoria de las acciones y decisiones que impactan en la ciudadanía.
Por otra parte, al intervenir en la Mesa "Hacia la creación de sistemas estatales de archivo", el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández, quien es Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT, subrayó que la Ley General de Archivos, como toda normatividad, es susceptible de mejoras. Agregó que, actualmente, puede verse como motor para brindar mayores herramientas a los archivos y a quienes los custodian y para obtener presupuestos más acordes con sus necesidades, a fin de que las instituciones públicas logren su implementación sin obstáculos.
Asimismo, señaló que la correcta gestión documental conlleva ventajas para todos los órdenes de gobierno, puesto que mantener los documentos en orden contribuye a vigilar el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, así como a corregir los errores de su administración y a formular estrategias encaminadas a responder a las circunstancias en las que vive la población.
