Este organismo garante hizo un llamado a impulsar la apertura de información a grupos vulnerables y evitar prácticas discriminatorias

Ante el escenario nacional e internacional y como parte de los festejos por el 20 aniversario del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), es necesario replantearse y analizar la importancia de los organismos garantes en las sociedades democráticas, por lo que el próximo 25 y 26 de abril, este instituto realizará el Congreso Internacional Escenarios futuros del acceso a la información, la protección de datos y la rendición de cuentas, comentó el Comisionado Presidente del organismo garante.

Durante la 13ª Sesión Ordinaria del Pleno de este instituto, se invitó a la ciudadanía a asistir a este Congreso y aprovechar las ponencias de expertos nacionales e internacionales, pues su objetivo principal es discutir sobre los retos que los organismos autónomos enfrentarán en próximos meses, por lo que es una gran oportunidad para comprender más sobre el ejercicio y amenazas de estos derechos constitucionales, precisó.

En esta sesión, las y los Comisionados emitieron sus votos a los diferentes proyectos de resolución a recursos de revisión. A este respecto, se emitió un voto disidente a uno de los proyectos, por la clasificación del nombre, cargo y área de adscripción del servidor público absuelto en los procedimientos administrativos concluidos derivados de faltas graves, ya que se consideró que la publicidad de la información refleja que no existe una falta administrativa; lo cual contribuye a que la ciudadanía deposite su confianza en las autoridades, pues demuestra que han ejercido su cargo de conformidad con los principios que rigen el servicio público.

A su vez, se expuso un proyecto donde se revocó la respuesta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca (DIF Toluca), en el cual se negó al solicitante el manual de procedimientos del sujeto obligado vigente, traducido al otomí; por lo que se consideró que es obligación de la institución hacer las gestiones pertinentes para brindar la información traducida y así garantizar el derecho de acceso a la información para todos los sectores de la población y no caer en actos discriminatorios, pues el acceso a la información es un derecho humano.

En otro proyecto, se emitió un voto disidente, tras argumentar que cuando en la solicitud de información o en el recurso de revisión se encuentren manifestaciones subjetivas que corresponden al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a su vez se requiera información pública, se debe favorecer la entrega de los documentos, pues dichas manifestaciones no deben constituir censura ni obstáculo para garantizar el acceso a la información.

Al exponer otro proyecto de resolución, se emitió un voto particular, pues se reflexionó que al brindar la información concerniente al personal operativo de seguridad pública, se revela el estado de fuerza del órgano público; por lo que esta documentación debe permanecer clasificada, pues su entrega pudiera ser aprovechada para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

En esta sesión, en la que se resolvieron 251 proyectos de resolución a recursos de revisión, también se aprobó la imposición de 52 apercibimientos, de los cuales 46 correspondieron a municipios; uno al Poder Ejecutivo; tres a organismos de agua municipales y dos a los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia (DIF). Asimismo, se emitieron tres amonestaciones dirigidas a municipios.