José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, afirmó que existen actos gubernamentales que corren el riesgo de convertirse en posibles actos de corrupción si no se documentan correctamente.

Ejercer el derecho de acceso a la información pública enfrenta diversos obstáculos que necesitamos vencer para garantizarlo a toda la población, como la existencia de actos gubernamentales que corren el riesgo de convertirse en posibles actos de corrupción si no se documentan correctamente; lo mismo ocurre cuando se sustraen documentos de los archivos o si la información se clasifica como reservada, bajo acuerdos de clasificación incorrectos, sin una prueba de daño bien fundada y motivada, consideró José Guadalupe Luna Hernández.

El Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) participó como ponente de la Mesa “Derecho de acceso a la información”, organizada por la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, con el objetivo de establecer los factores que obstaculizan el ejercicio de este derecho fundamental y generar propuestas para enfrentarlos.

En este sentido, el Comisionado indicó que el acceso a la información pública es un derecho llave que impulsa la participación de la sociedad en el actuar gubernamental, pero para que cada persona pueda ejercerlo oportunamente, requiere de tres condiciones estructurales: que todas las autoridades documenten lo que realizan en el ejercicio de sus funciones; que los documentos se resguarden en archivos administrativos actualizados; y que las autoridades publiquen información fidedigna del ejercicio del gasto y cumplimiento de metas.

La importancia de reconocer la igualdad de oportunidades de todas las personas para buscar, recibir y difundir información pública, con el objetivo de empoderarlas y reducir la condición de asimetría, a través del acceso a la información, es condición primordial para la lucha contra la corrupción, dijo, ya que “todas las personas tienen el derecho de cuestionar, indagar y verificar si las autoridades están cumpliendo con las funciones legalmente establecidas”.

El Comisionado Luna Hernández agregó que para que la información sea útil para la sociedad, ésta debe ser accesible, encontrarse, de manera permanente y actualizada en los portales de transparencia, pero sobre todo, ser verídica, a fin de que la información provista por los sujetos obligados, coincida con la reportada al Órgano Superior de Fiscalización y a la Secretaría de la Función Pública, entre otros organismos, con el fin de cotejar que los documentos sean los correctos y que no hayan sido manipulados deliberadamente.

Cabe destacar que en esta Mesa, moderada por Jafia Pacheco Valtierra, consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción (CPC) de Coahuila; también participaron Areli Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada del órgano garante de Michoacán (Imaip); Alma Lidia Cota Ojeda, integrante del CPC de Baja California Sur; Luis González Briseño, comisionado presidente del órgano garante de Coahuila (Icai), así como Carlos Mizael Anguiano Solano, integrante del CPC de Colima; Víctor Vieyra Avilés, presidente de esta Comisión de Indicadores; además de personal del órgano garante de Chiapas (Iaip Chiapas).