Zulema Martínez Sánchez y José Guadalupe Luna Hernández, integrantes del Pleno del Infoem, tuvieron participación en el Foro “Ley General de Archivos. Armonización e Implementación”

Los archivos salvaguardan los derechos humanos, establecen la memoria colectiva y contribuyen a que los gobiernos sean transparentes y responsables. Por lo tanto, estamos llamados a construir una visión más amplia del significado de los archivos, con el fin de reunirlos, organizarlos, preservarlos y consultarlos en las condiciones más óptimas. Cada documento es testigo de nuestras acciones y decisiones, por lo que aumenta su valor en el pasado, en el presente y en el futuro, aseveró Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Acompañada por José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado de este instituto, Martínez Sánchez, quien también es Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), acudió al Foro “Ley General de Archivos. Armonización e Implementación”, en el cual subrayó que esta norma ya es una realidad, que permitirá fortalecer la custodia del patrimonio único e irremplazable de la memoria histórica, pero igualmente implica desafíos; sobre todo, en el ámbito municipal.

La Comisionada Presidenta enfatizó que la consolidación de los archivos requiere de voluntad, capacitación, profesionalización y recursos humanos y financieros, con el fin de que su contenido se difunda entre toda la población. Añadió que estos retos deben enfrentarse con sensibilidad y compromiso, ya que existen temas relevantes, como las violaciones graves a los derechos humanos, que podrían mejorarse con la apertura de los archivos y la adecuada armonización de la ley.

Por otro lado, el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández, quien funge como Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT, participó en el Panel “Situación actual de los archivos en México”, en el cual puntualizó que la Ley General de Archivos, como toda normatividad, es perfectible. De este modo, resulta fundamental que sirva como motor para brindar mayores herramientas y un presupuesto más acorde, con el propósito de que las instituciones y los servidores públicos se encuentren en posibilidades de implementarla sin obstáculos.

Argumentó que la finalidad del modelo de gestión documental que propone la Ley General de Archivos no consiste en conformar acervos documentales más extensos, sino en lograr gobiernos eficaces, eficientes y respetuosos de los derechos humanos, con archivos ordenados y correctamente clasificados. Este objetivo tiene sus bases en autoridades capaces de documentar sus actos y someterse permanentemente al escrutinio de la ciudadanía.

De esta manera, este instrumento legislativo también aspira a proteger a los archivos de trámite, que generalmente sufren el mayor abandono administrativo. No basta con considerar a los archivos históricos como las joyas de la corona, en virtud de que en los archivos de trámite se advierten con claridad las huellas de las acciones de los servidores públicos. Por ello, es imprescindible dotarlos de infraestructura, mejores instalaciones e instrumentos de control y consulta adecuados.