Sin archivos, combatir la ineficacia y la corrupción es más difícil
José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, participó en la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia de Archivos, en Chetumal
Sin archivos administrativos organizados y actualizados, las instituciones públicas no cuentan con información para tomar decisiones correctas y adecuadas. Sin estos datos, la ineficacia, la corrupción y la desconfianza ciudadana no pueden erradicarse en su totalidad, de manera que la gestión documental cobra una enorme relevancia en el ámbito gubernamental. En esta materia, el país y las entidades federativas enfrentan grandes retos, derivados de la reciente entrada en vigor de la Ley General de Archivos, señaló José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
El también Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) estuvo presente en la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia de Archivos, llevada a cabo en Chetumal, Quintana Roo. En su participación en el Panel "Armonización de la Ley General de Archivos en las Entidades Federativas", enfatizó que este proceso debe realizarse con base en un análisis realista de los acervos estatales y municipales, los recursos obtenidos y el esfuerzo y la voluntad de todos los actores involucrados.
Es imprescindible, añadió, que las normas armonizadas en el nivel local no se limiten a reproducir las disposiciones de la norma general, ya que trasladar mecánicamente los textos puede provocar un problema de competencias entre las autoridades de la materia. Resulta mucho más oportuno generar rutas locales para implementar los nuevos mandatos, que garanticen su aplicación progresiva y brinden apoyo a los sujetos obligados más débiles, como los municipios.
El proceso de armonización legislativa también implica enfocar la atención en los archivos de trámite y de concentración; considerar a las bajas documentales como la decisión más trascendente para la gestión documental, e incluir procedimientos de queja e infracción.
